Mucho más juzgado que política
agosto 4, 2013 | Actualidad,Candelaria,Portada actualidad
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Ayuntamiento de CandelariaLa Casa Consistorial de Candelaria ha sufrido el último sobresalto judicial con el caso ‘Parking’. / SERGIO MÉNDEZ
NORBERTO CHIJEB | Candelaria
En las últimas semanas le hemos visto distante, huidizo, inquieto, incluso hasta espeso en la reacción, pero siempre elegante, siempre sereno. José Gumersindo García Trujillo lleva ya doce años al frente del Ayuntamiento de Candelaria y en este mandato, entre la crisis y las denuncias varias, está atravesando su peor momento. Aunque diga lo contrario, la procesión -y no mariana- va por dentro.
Doce años después, José Sindo, como le gusta que le llamen, sigue gobernando con mayoría absoluta, pero las grietas en su mandato son evidentes, y no solo es una cuestión del lógico desgaste del tiempo y de la crisis económica que le ha tocado vivir en casi la mitad de su mandato. Su desgaste se debe más a la erosión de la Justicia que al propio papel de la oposición, aunque esta se ha articulado tanto o más en los Juzgados como en la casa consistorial, sin olvidar los encontronazos con el personal laboral a cuenta de un convenio que hace unos días, por fin, ha traído algo de paz. Paz que no ha encontrado el alcalde en los dos principales funcionarios del Ayuntamiento, el secretario general Octavio Fernández -merece un capítulo aparte- y el interventor, Nicolás Rojo.
Y en medio de todo eso, el conflicto de Cho Vito, donde una administración superior, Costas, terminó por derribar un poblado de una veintena de casas que se resistieron a morir hasta el año pasado. El Todos somos Cho Vito, en un municipio plagado de supuestas ilegalidades urbanísticas, le ha hecho mucho daño al alcalde y al grupo socialista y todavía las consecuencias no se han medido. La venganza se sirve en vaso frío y algunos de los vecinos desahuciados ya han comenzado a practicarla, sin ir más lejos con el llamado caso Parking, ahora en trámite judicial -uno más- por presunta prevaricación del alcalde al utilizar un solar de dominio público como explotación de aparcamientos y zona de feriantes.
Desde el Ayuntamiento se insiste que ese asunto se está tratando con Costas desde que en 2011 pasó a ser el terreno del parking, justo enfrente de la casa consistorial, pero en el último pleno municipal, pese a la insistencia de la oposición, el grupo de gobierno no sacó ni un solo documento que pudiera avalar esa solicitud de concesión administrativa. Es más, el secretario general, firmaba un anexo en un decreto en donde reconocía que la subasta de puestos de feriantes debería estar sujeta al permiso de Costas. Más madera que es la guerra. Una guerra en la que ha tenido un protagonismo especial José Fernando Gómez, un técnico municipal metido a empresario inmobiliario, al que las visitas al Juzgado son una constante.
Quizás por eso sea tan propenso a las demandas, desde los dudosos cobros por el concierto de julio de 2007 de Ricky Martin al último caso Parking, siguiendo por otras denuncias que siguen sin resolverse en los Juzgados, tanto como demandante como demandado, entre otras razones porque el todavía portavoz del Partido Popular -su partido le expulsó por pedir la dimisión de la Delegada del Gobierno tras el derribo de Cho Vito, pero él sigue ejerciendo como tal- también tendrá que responder ante la Justicia por insinuar que el empresario de telecomunicaciones, Antonio Ordóñez, se ha lucrado del Ayuntamiento en contratos que ha conseguido sin licitación pública, previo donativos para festivales artísticos y deportivos organizados por el Consistorio. Demanda ésta, la del empresario que ya ha anunciado que se marcha de Candelaria, que se amplia al representante de Izquierda Unida en Candelaria, Francisco Martín Fariña, sin representación en el Consistorio.
Un Ayuntamiento, en suma, que mueve en suma entre un equipo de gobierno atosigado por las demandas judiciales, con guerras internas entre sus principales trabajadores y una oposición que se encuentra capitidisminuida por su propia incapacidad para generar confianza entre sus propios miembros, si hablamos de los populares y nacionalistas, porque en este saco sería injusto meter a Mayca Coello, la sorpresa agradable de esta legislatura.
Una oposición seria y rigurosa, sin estridencias, siempre bien argumentada, la que ha ofrecido en estos dos años, la única concejal de Sí se puede. No por más gritar, insultar o judicializar, se tiene más razón.
Los casos
Concierto de Ricky Martin. El Ayuntamiento denunció al promotor del concierto en julio de 2007, por tratar de cobrar dos endosos de 157.500 euros por el caché del artista y otro de 425.250, por gastos de producción. Y hay también una denuncia contra el alcalde del concejal popular José Fernando Gómez, por el pago de facturas con el mismo concepto.
Casas del alcalde y Ramos. También ha habido demanda por las supuestas obras ilegales en las viviendas del alcalde, en la calle Lomo Juan Díaz, y del primer teniente alcalde, Domingo Ramos, en Barranco Hondo. En ambos casos, las ampliaciones, cuentan con el visto bueno de los técnicos.
La gasolinera. Pero también al alcalde, Gómez (del PP) le han tratado de buscar las cosquillas con la construcción de una estación de servicio en Las Caletillas, en un terreno que compró su familia cuando no era alcalde. La denuncia es porque incumple el PGO.
El secretario trancado
En mayo se producía otro sobresalto en el Consistorio, éste en la secretaría general. Su responsable, el palmero Octavio Fernández denunciaba a través de un durísimo informe, que se sentía acosado por la Alcaldía, además de denunciar la desaparición de documentos de su despacho, por lo que procedió, sin encomendarse a nadie, a cambiar la cerradura, y como él mismo señaló “trancarse” en su despacho. Las desavenencias entre el alcalde y el secretario comenzaron nada más llegar éste a Candelaria como sustituto de Marisa Santos, hoy en Güímar, hace tres años, tal y como nos confirma un exasesor personal de Gumersindo García. El primer encontronazo serio se produjo cuando el alcalde desestimó el informe del secretario acerca de recurrir al Supremo la sentencia del TSJC, de 20 de julio de 2012, que anulaba la conversión de 50 trabajadores de laborales temporales o funcionarios interinos, dentro del Plan de Recursos Humanos que el Ayuntamiento presentó en el año 2010 para dar estabilidad a 129 trabajadores del Consistorio. Solo fue el comienzo de una relación tortuosa que ahora tendrá que solventarse, como no, en los Juzgados, al cruzarse demandas de Octavio Fernández contra el alcalde o de la exsecretaria del secretario contra él. Y a todas estas, la que fuera su antecesora, Marisa Santos, tratando de culminar un expediente informativo en que el protagonista no ha querido entrar. Es más, “me tiró la puerta en la cara”, remarcó Santos.
